Por Belisa Morillo y Damià Bonmatí
Presentía el final. Anderson Gutiérrez presentía que ese 14 de abril de 2020 pasaría su última noche de encierro en una prisión del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés). Por fin saldría de la celda de unos pocos metros cuadrados en la que había pasado nueve meses y medio en aislamiento solitario, con las luces prendidas las 24 horas del día y un máximo de una hora de luz solar.
Le habían desactivado la tarjeta de dinero que recargaban familiares y voluntarios para que comprara comida y agua allí dentro. Pero presentía que el tormento que estuvo a punto de costarle la vida acabaría pronto.
Desde noviembre de 2019 hasta abril de 2020, Noticias Telemundo Investiga mantuvo contacto telefónico permanente con este guatemalteco de 27 años, que pidió asilo en Estados Unidos en febrero de 2019 después de huir, según cuenta, de amenazas de muerte en Guatemala.
A medida que pasaban los meses, se hacía más evidente el deterioro psicológico y emocional de Gutiérrez en la celda de aislamiento. Las llamadas telefónicas, las conversaciones con su abogada y las visitas al doctor se convirtieron en su única vía de escape durante los 296 días que permaneció en detención solitaria, la mayor parte de manera ininterrumpida.
En esos meses, documentados en más de 30 grabaciones de llamadas telefónicas, Gutiérrez denunció malos tratos de los guardias de los centros de detención Richwood Correctional Center y LaSalle Processing Center, ambos en Louisiana.
“Recuerdo la vez que me sacaron sangre de la boca”, decía, “me llegaron a golpear, llegaron a dejarme un tiempo sin comer y me insultaron de la manera que usted no se imagina”.
Según denuncia, los guardias lo movían atado de pies y manos dentro de la prisión, le quitaban el acceso al patio algunos días y se mofaban de su estado mental. Gutiérrez llegó a autolesionarse para poner fin a un sufrimiento que, en ocasiones, le hizo perder el control de sus actos.
“Es preferible regresar a mi país aunque allá me vayan a matar. Pero yo voy a descansar en paz. Estoy muriendo lentamente acá”, suplicaba al otro lado del teléfono.
Su caso de asilo en las cortes de inmigración se alargaba en un sinfín de citas judiciales y aplazamientos que retrasaban un proceso que se le hizo eterno. Del país al que acudió para pedir protección y moverse libremente, sin miedo, sólo ha visto sus centros de detención.
Maltratado por roncar
El 13 de febrero de 2019, llevando de la mano a sus sobrinas de 7 y 8 años, Gutiérrez llegó a la frontera en Tecate, entre México y California. Según su relato, allí se entregaron a agentes de la Patrulla Fronteriza pidiendo asilo, y fueron trasladados a una estación migratoria.
Cuatro días después, el tío y las sobrinas fueron separados.
Gutiérrez no supo del destino de las niñas hasta 12 días después, cuando llegó a su primer centro de detención de ICE, en Arizona. Las niñas estaban en un albergue federal para menores y acabarían siendo reunidas con una abuela en California. Pero el camino de Gutiérrez se alejaba de la familia: fue transferido a Mississippi y después a Louisiana.
De su llegada al Richwood Correctional Center, en Louisiana, en junio de 2019, recuerda las capas de pintura fresca que no conseguían disimular el deterioro de una prisión con capacidad para más de un millar de personas. Le pusieron en una unidad con casi un centenar hombres, con quienes compartía cinco baños y cinco duchas, a la vista de todos.
No duró mucho tiempo en la celda común. Gutiérrez tiene problemas respiratorios y el sueño inquieto; por las noches le acosan las pesadillas y no podía evitar los ronquidos. Una noche, sus compañeros le golpearon y amenazaron por ello.
“Un joven dijo ‘si lo sigues haciendo, te voy a meter el pene en la boca”, recuerda.
Tras recibir la alerta de Gutiérrez sobre el incidente, la dirección del centro lo puso en aislamiento por su seguridad, según los documentos que su abogada y grupos de derechos civiles presentaron para pedir la libertad.
Se dio cuenta muy pronto de la dureza del aislamiento en solitario. “Las luces están prendidas las 24 horas del día, sin poder respirar el aire puro, durmiendo en el piso y a cada cinco minutos tocan a la puerta”, explicaba.
“No hay nada más que levantarme, caminar de un lado a otro, volverme a acostar y tratar de dormir", añadía, "pero con la luz encendida día y noche no puedo”.
A Anderson Gutiérrez los días se le volvían largos y pesados, y los pocos traslados dentro de la prisión eran, con frecuencia, esposado de manos y pies. Él fue el primero en advertir que el confinamiento estaba afectando a su salud mental.
“Fui al doctor. Me dijo ‘es normal que usted pierda la memoria’. ¿Cómo usted cree, yo tengo 27 años, cómo es normal que yo pierda la memoria? He tenido una vida normal, jamás me había sucedido esto. ¡Me da miedo despertarme un día y no saber ni mi nombre!”, exclamaba preocupado.
Aislado en el agujero negro de los centros de ICE
Louisiana se convirtió en la zona cero de los cambios en la detención de inmigrantes en Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.
Nombres de localidades como Jena, Basile o Richwood fueron apareciendo con más frecuencia en los expedientes de los inmigrantes.
Son lugares rurales y remotos, donde los abogados de inmigración sólo pueden acceder con muchas horas de carretera, y donde las organizaciones proinmigrantes escasean y, las pocas que hay son pequeñas y con escasa experiencia.
Muchos de los trabajadores de los centros, reclutados en esos pueblos con economías deprimidas, no tenían experiencia trabajando con peticionarios de asilo, ni hablaban español u otras lenguas de los inmigrantes. Lo han denunciado abogados y grupos de derechos civiles y también empleados que se quejan de la falta de preparación de sus colegas.
La oficina de ICE en Louisiana concentra ahora 11 prisiones destinadas a albergar a extranjeros, aunque fueron construidas y usadas como cárceles de condado o estatales para presos comunes.
ICE siguió un patrón para expandirse: contratar empresas privadas de prisiones. Grandes actores del mercado, como Geo Group, y empresas al alza como La Salle Corrections, tomaron las riendas de estas cárceles venidas a menos.
La agencia federal les ofrece normalmente sumas de dinero mayores que los pequeños gobiernos locales, pero también se ahorra decenas de miles de dólares al día comparado con los centros de detención ya establecidos.
La mayoría de centros abiertos durante el mandato de Trump son de gestión privada. Más del 90% de los detenidos allí están bajo la responsabilidad de corporaciones con fines de lucro, según datos de Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de enero de 2020.
Anderson Gutiérrez había pasado a formar parte de esa población creciente de presos en Louisiana.
Su nombre llegó por casualidad a las manos de Lorena Pérez McGill, una abogada de inmigración de origen dominicano que viajaba con frecuencia a Richwood, a más de seis horas de su ciudad, Houston. Se ocupaba allí de varios casos de inmigrantes detenidos.
Un oficial de ICE, del que luego perdió la pista, se le acercó un día de verano de 2019: “Me preguntó si yo podía ayudarlo. Me dijo con estas mismas palabras: If there is somebody who needs help here is him, si hay alguien que necesita ayuda aquí es él. Me dio el nombre y el número de extranjero en una hoja de papel impresa”.
Y ese nombre era Anderson Avisai Gutiérrez Rodas. “Ya estaba en segregación, estaba muy flaco”, cuenta la abogada, que tomó las riendas del caso para pedir su liberación y trabajar en su petición de asilo.
La sombra del suicidio en Richwood
El 15 de octubre de 2019 pasó algo en Richwood que marcaría un antes y un después en la vida de Anderson Gutiérrez.
Un peticionario de asilo cubano, Roylán Hernández, de 43 años, apareció muerto en su celda de aislamiento por estrangulación autoprovocada. Sus compañeros explicaron que Hernández había iniciado una huelga de hambre para protestar por la falta de atención de su caso y fue castigado con la incomunicación seis días antes de su muerte.
En su última audiencia una semana antes, el 9 de octubre de 2019, Hernández se mostraba molesto con el juez por no considerar suficientes sus pruebas para lograr el asilo. “Yo estoy preso aquí, detenido, privado de libertad, privado de todos mis beneficios y derechos, no tengo más pruebas”, se oye en la grabación que Noticias Telemundo Investiga logró a través de una petición de información pública.
Pese a los esfuerzos de sus familiares para que no supiera del suicido de su compañero, Anderson Gutiérrez se enteró.
“¿Por qué me lo ocultaban? Lo comprendí, por qué. Ellos trataban de que no me convenciera de hacer lo mismo también. El señor este no tuvo las fuerzas y ya no aguantó”, nos dijo Gutiérrez semanas después, "le confieso, sí lo pensé en algún momento. Lo pensé”.
Había demasiadas similitudes entre el caso de Hernández y el de Gutiérrez, y el detenido se daba cuenta. Ambos sufrían retrasos en su caso de asilo, ambos estaban presos en Richwood Correctional Center en condiciones precarias, y ambos pasaban sus días en una celda de aislamiento.
Tras una visita, en diciembre de 2019, la abogada de Gutiérrez se quedó preocupada al ver el ánimo de su cliente y advirtió a la prisión de su agitación. “Salí e inmediatamente fui a donde el director. Le dije, ‘tenga mucho cuidado con éste porque me ha dicho que no lo voy a volver a ver”, explica Lorena Pérez McGill.
La abogada era consciente del impacto emocional y mental de la detención prolongada y, sobre todo, del aislamiento. Se había documentado durante años al respecto.
Entre 2010 y 2017, Human Rights Watch encontró que al menos cinco inmigrantes con problemas mentales se suicidaron después largos periodos en celdas de castigo. Y entre 2018 y 2020, al menos ocho se quitaron la vida mientras estaban en custodia de ICE, algunos en aislamiento, según las inspecciones rutinarias de la agencia federal revisadas por Noticias Telemundo Investiga.
Según sus protocolos, ICE usa esas celdas de aislamiento para situaciones concretas: castigar al detenido por mal comportamiento, protegerlo de otros o cuidarlo por problemas de salud física o mental. Esas mismas directivas de ICE también presentan el confinamiento solitario como “el último recurso” y como “un paso serio que requiere considerar alternativas”.
Naciones Unidas y múltiples organizaciones de derechos humanos llevan años advirtiendo de que el aislamiento como castigo causa “severo dolor o sufrimiento físico y mental”, especialmente si se alarga en el tiempo. Consideran que estar durante más de dos semanas en una celda, solo y aislado, puede ser una forma de tortura. Y lo denuncian con cualquier tipo de preso, también criminales.
En 2019, una demanda colectiva acusó a ICE de atender incorrectamente a inmigrantes con problemas mentales y de usar la segregación como forma de castigo y durante excesivo tiempo.
Además, ese mismo año, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) alertó de “irregularidades” en las celdas de aislamiento de tres centros de detención inspeccionados.
Destacó el uso prematuro de la segregación, la restricción de tiempo fuera de la celda y cacheos innecesarios a los arrestados sin ropa. “Esas prácticas violan los estándares de detención de ICE e infringen los derechos de los detenidos”, escribió en el reporte de junio de 2019.
En diciembre de 2019, Gutiérrez llevaba casi medio año en aislamiento.
“Estoy con seis puntos en el brazo”
El 18 de diciembre era una fecha que Gutiérrez no se quitaba de la cabeza.
Una audiencia con la juez podía determinar su futuro en Estados Unidos. Pero, a última hora, la cita se canceló y la angustia del inmigrante se transformó en ira.
Durante la madrugada, Anderson Gutiérrez telefoneó:
– ¿Se acuerda que le dije que no iba a llegar a ese punto? Mire, no sé ni cómo llegué ya. Aquí estoy, con seis puntos en el brazo por intentar suicidarme. Desgraciadamente [los guardias] se dieron cuenta y me detuvieron –explicó al teléfono.
Gutiérrez fue atendido en un hospital del área y enviado, de nuevo, esa misma noche, a la celda de aislamiento donde pasó el resto de su tiempo en Richwood.
En California, la familia de Gutiérrez recibía la noticia en shock. “Me duele porque él es una persona fuerte, que cree en Dios, y para llegar a ese punto de desesperación es que no aguanta más”, lamentó su tía Sandra Altamirano, entre llantos.
Su madre, Xenia Gutiérrez, dijo que “es muy triste que no lo saquen, que no lo den para este país, si él no es un criminal”.
Al día siguiente del incidente, ICE dijo a Noticias Telemundo Investiga que está “firmemente comprometida con la salud y el bienestar de todos los que están bajo su custodia”, pero no se refirió directamente al intento de suicidio.
Advertencias a ICE sin respuesta
La abogada ya había alertado a ICE del empeoramiento mental de Gutiérrez.
Dos meses antes del intento de suicidio, el 16 de octubre, Pérez McGill pidió la liberación de emergencia de su cliente. En el reporte enviado a ICE escribía que “la salud emocional y mental de Gutiérrez se ha visto gravemente afectada en parte porque ha sido sujeto a confinamiento solitario de manera prolongada”.
Las 69 páginas incluían un informe psicológico. La doctora Kristin Velazquez Kenefick había diagnosticado en septiembre de 2019 a Gutiérrez con una depresión severa, estrés postraumático y brotes psicóticos que podían empeorar si el detenido seguía en esas condiciones “sin ser tratado”.
Gutiérrez también visitó en algunas ocasiones a una terapeuta de la prisión, a quien explicó sus ataques de ansiedad.
Sus traumas, sin embargo, empezaron lejos de esa prisión de Louisiana. En una población del suroeste de Guatemala, el 8 de marzo de 2015, su hermana Biririana murió por disparos, tal y como aparece en su acta de defunción. La investigación nunca se resolvió, pero Gutiérrez está convencido de que fue asesinada por el padre de las dos hijas.
Según su relato, la figura del papá de sus sobrinas se fue convirtiendo también en una amenaza para las pequeñas y para él. “Una me comentó que su papá la quería matar, nos quería matar”, relató Anderson Gutiérrez desde prisión. “Tomé la decisión así, repentinamente. Me las traje para protegerlas”. Tenían 7 y 8 años.
Pero esas advertencias no evitaron el intento de suicidio, y el permiso de liberación nunca se logró.
La falta de esos permisos de libertad bajo palabra (parole) para seguir el caso de asilo desde el exterior se ha convertido en una queja extendida entre la creciente población detenida en Louisiana. Y sin parole, los tiempos de detención se dilatan.
Ha habido protestas, huelgas, intentos de motín y una demanda judicial. Durante el litigio, un juez federal pidió a ICE que cumpliera con el derecho de los presos para pedir parole. Pero los demandantes, liderados por ACLU, presentaron en mayo de 2020 una queja ante la corte alegando que ICE está incumpliendo la resolución judicial.
Una audiencia clave con la juez
El 6 de enero Anderson Gutiérrez tenía una nueva audiencia dentro del centro de detención de Richwood. Tras un sinfín de solicitudes de parole y audiencias, esperaba que esta fuera la definitiva.
Un equipo de Noticias Telemundo Investiga acudió a la audiencia. Gutiérrez vestía el uniforme gris verdoso, medias blancas y chancletas anaranjadas que visten los presos de Richwood. Apareció sonriente y trataba de comunicarse mientras luchaba contra el sueño. Esa mañana, aseguró, le habían dado una pastilla en la enfermería y se le veía adormilado.
Cuando Gutiérrez ingresó a la audiencia con su abogada, Lorena Pérez McGill, estaba muy ilusionado. Pensaba que la juez, conectada por videoconferencia, tomaría en cuenta todo lo que le ocurrió tanto en Guatemala como en Richwood. Tras cuatro horas de audiencia, el cliente y la abogada salieron. Y en sus rostros solo había frustración.
“¿Cuántas cortes más me va a rechazar y me va a negar a tener en las cortes de asilo y decirme ‘sí o no’? ¿Cuánto tiempo más me pienso tener preso acá?”, se lamentó.
“Que en Guatemala me maten, yo voy a descansar en paz, pero quiero descansar en paz y libre”, añadió.
Una agonía legal
Durante meses, la abogada de Gutiérrez atendió a las audiencias virtuales con la juez, pidió varios permisos de liberación y vio cómo las citas judiciales se cambiaban a última hora y con mucha frecuencia.
La juez del caso era Mary Baumgarten. La Administración Trump la nombró en marzo de 2019 para trabajar en la corte de Buffalo, en Nueva York, a unas 1,200 millas de la prisión de Richwood. Pero la distancia no era la principal queja de la abogada.
“Los jueces de asilo tienden a dejar hablar a las personas que están solicitando asilo”, dice Pérez McGill, “la técnica de Baumgarten es interrumpir el mayor número de veces posible y el resultado que esto ha acarreado a mis clientes es que se sienten cortados, atemorizados y pierden el hilo”.
El nombre de Baumgarten empezó a sonar entre los abogados que llevaban casos en Louisiana y, según varios de ellos, las molestias escalaron hasta la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés).
La principal queja era su alta tasa de negaciones de asilo. La juez Mary Baumgarten resolvió 52 casos en el año fiscal 2019, según consta en una petición de información al Gobierno hecha por el bufete de abogados Amoachi & Johnson. De esos 52 casos, uno fue aprobado y 51 negados.
Esos datos arrojan una tasa de negación del 98%, cuando la media en las cortes de inmigración es del 69%, según datos del centro de monitoreo Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) con datos oficiales.
Noticias Telemundo pidió una entrevista con Baumgarten, pero el Departamento de Justicia respondió que los jueces de inmigración no hablan con medios de comunicación.
La juez se convirtió, según el relato de Gutiérrez, en una fuente adicional de ansiedad. Decía que tenía el caso perdido de antemano.
Estados Unidos concedió casi 20,000 asilos en el año fiscal 2019 y denegó más de 46,000, de acuerdo a TRAC. Aunque las peticiones se resuelven más rápido bajo el mandato de Trump, hay más de un millón de casos acumulados en las cortes de inmigración.
La claustrofobia del aislamiento
Había días en que la voz de Gutiérrez se sentía más fuerte, grave y viva. Esos días sus pensamientos lograban escaparse de la celda. Miraba al pasado, recordando las tardes de baile con su hermana (“nos poníamos a hacer giros, le encantaba bailar”) o al futuro (“bendito ese día que me dieran el asilo, ¿verdad? Sería mágico”).
El 30 de enero de 2020, la juez Baumgarten negó el asilo a Anderson Gutiérrez.
“Tuve una derrota”, dijo cuando supo que la juez negó el asilo. El guatemalteco volvió a caer en el pesimismo: “A estar preso acá encerrado, en la situación que yo estoy, en solitaria en el pozo las 24 horas del día, es preferible morir”.
Mientras tanto, grupos proinmigrantes presentaron una queja formal al Departamento de Seguridad Nacional en favor de Gutiérrez. Llevaba ya 13 meses bajo custodia, más de ocho de ellos en aislamiento.
Las cuatro organizaciones demandantes sostenían que se violaron los derechos civiles y constitucionales del guatemalteco al mantenerlo en detención prolongada y en aislamiento.
“Hubo días completos en que nada de comida se le dio en segregación”, sostiene la queja de Southern Poverty Law Center, Freedom for Immigrants, Louisiana Advocates for Immigrants in Detention y Civil Rights Education and Enforcement Center.
También citan un supuesto incidente en el que Gutiérrez, durante una noche, fue empujado contra la pared por un grupo de agentes y golpeado causándole que sangrara. Noticias Telemundo Investiga pidió al centro imágenes de seguridad para cotejar el testimonio de Gutiérrez, pero ninguna institución involucrada entregó esos videos.
“La Administración Trump no podría ser más clara con su mensaje a los inmigrantes”, dijo a Noticias Telemundo Investiga una de las abogadas que presentó la queja, Elizabeth Jordan, “encerrar a un grupo de personas en estas condiciones y negarse a conceder la libertad condicional no es un accidente, es una medida deliberada por este gobierno para tratar de mantener a la gente fuera del país”.
A finales de febrero fue trasladado desde Richwood a otro centro también en Louisiana, LaSalle ICE Processing Center, gestionado por la compañía Geo Group en el municipio de Jena.
En el mundo exterior a su celda de aislamiento, el coronavirus se había convertido en una pandemia, pero Anderson Gutiérrez no entendía la gravedad de la situación.
Los detenidos en centros de ICE pedían una liberación inmediata, incapaces de protegerse ante el virus dentro de las prisiones, y los vuelos para deportar se fueron complicando.
Con ese caos fuera de su celda y el asilo perdido, Gutiérrez insistía que su única meta era ya la deportación.
“Me empezó a doler el pecho”
A finales de marzo, su apelación también fue descartada. Una orden de deportación final pesaba sobre el inmigrante guatemalteco, que seguía en su celda de aislamiento; sus ataques de ansiedad llegaron a ser casi diarios.
“Me dio un ataque de pánico. Me empezó a doler el pecho, me sentía sin respiración y desesperando”, relató al teléfono el 27 de marzo, “costó que [los guardias] vinieran. Yo pensé que de repente me iba a dar un ataque cardíaco”.
El 29 de marzo, en otra llamada con la voz decaída y fatigada, dijo: “Quisiera por un rato morirme y estar tranquilo. Quisiera morirme para ya no sufrir este encierro”.
Dos días después, entre gritos, afirmó: “Si tuviera algo con qué cortarme ahorita de una vez, me cortaba todas las p*tas venas del cuerpo, ¡todas las p*tas venas de mi p*to cuerpo!”
En un fuerte ataque, Gutiérrez explicó que ese día sintió un fuerte hormigueo en su cara y no pudo contener sus necesidades dentro de la celda. “Ellos solo se reían de mí”, dijo hablando de los trabajadores del centro, y contó que limpió la defecación él mismo con una toalla, que no lo llevaron a bañarse durante horas, y que le negaron agua para beber.
Hasta que el 1 de abril Gutiérrez se golpeó la cabeza contra la pared, “como supuestamente loco”, en sus propias palabras. Tuvieron que llevarlo, sangrando y con una brecha en la frente, al hospital.
“No me quieren deportar, no me quieren sacar del aislamiento”, dijo llorando.
La abogada veía cómo el estado mental de su cliente se agravaba todavía más y la queja formal contra DHS no obtenía respuesta alguna.
LaSalle Corrections, la empresa que gestiona el centro de Richwood, dijo a Noticias Telemundo Investiga por email que están "firmemente comprometidos con la salud y el bienestar de aquellos en custodia”. Geo Group, que opera el centro de procesamiento de Jena, aseguró que los servicios médicos de la prisión no dependen de la compañía, sino directamente de ICE. Ninguna de las dos empresas privadas respondió a las preguntas sobre Anderson Gutiérrez y las refirieron al Gobierno.
ICE dijo que los centros cumplen plenamente con las leyes federales. En relación a Richwood, citaron la última inspeccion. Fue realizada en octubre del 2019, antes del suicidio del inmigrante cubano Roylán Hernández y antes del intento de suicidio de Anderson Gutiérrez. El reporte muestra cómo, en un solo mes, la prision llegó a tener cuarenta presos en aislamiento.
ICE empezó a liberar a cientos de inmigrantes con salud delicada debido al riesgo del coronavirus. Durante las primeras diez semanas de pandemia, redujo su población en unos 7,000 detenidos (hasta los 27,908), pero solo ha practicado el test a 2,534 inmigrantes hasta la fecha.
Una portavoz de la agencia, sin embargo, dijo a Noticias Telemundo Investiga que “la salud mental no se considera cuando buscamos poblaciones potencialmente en mayor riesgo”. La liberación solo era una opción si el estado mental comportaba problemas de higiene y salud física en el detenido.
Ciudadanos, e incluso gobiernos de países como Guatemala, empezaron a ver los vuelos de deportados como preocupantes focos de contagiados. Se resistían a recibir a sus compatriotas llegados de Estados Unidos.
Un último esfuerzo para salir
Rodeada de incertidumbre, la abogada de Gutiérrez hizo un último intento para sacarlo del centro de detención. Se comunicó con la oficina de ICE en Nueva Orleans para alertar de la situación de Gutiérrez. También contactó al consulado de Guatemala en Houston para advertir que, pese a la pandemia, su cliente necesitaba ser deportado lo antes posible.
Mientras tanto, Trump firmó un memorando que amenazaba con sancionar a esos países con la suspensión de visas si no aceptaban a los deportados. Los funcionarios del consulado de Guatemala en Houston, del que dependía Gutiérrez, recibieron un mensaje alertando de las posibles sanciones.
Pero la abogada dejó de tener noticias sobre él durante días.
La noche del 14 al 15 de abril, Anderson Gutiérrez la pasó casi sin dormir. Los guardias de turno llamaron a la puerta a las tres de la madrugada para que recogiera sus cosas.
Estaba feliz, presentía que iba a ser deportado. Él dejó para otros detenidos los libros que le ayudaron a ver un poco del mundo exterior. Uno de sus favoritos, No te rindas ni cedas, de Louis Zamperini, lo motivó a seguir adelante. El libro es la autobiografía de un deportista cristiano y piloto de guerra que cuenta cómo sobrevivió 47 días en el mar antes de caer en manos japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. Gutiérrez dice que esa lectura le ayudó a entender la fortaleza y resistencia del ser humano.
Dos agentes de ICE le esposaron de pies, manos y cintura. Le subieron a un auto y le custodiaron todo el trayecto. Gutiérrez buscaba orientarse, quería asegurarse que no era otro traslado a un nuevo centro de detención.
Manejaron desde LaSalle, en Jena, hasta el aeropuerto de Alexandria, unas 40 millas al sur. En el avión, según su relato, viajaban únicamente inmigrantes que estaban siendo deportados.
“Le pedía a Dios que por nada del mundo me dijeran: “¡Anderson! Bájese del avión”. Yo le pedía a Dios que no hiciera eso conmigo”, cuenta.
Volaron primero a Brownsville, Texas; de ahí a Nicaragua a dejar algunos inmigrantes, y por fin a Guatemala donde aterrizaron 96 nacionales, incluido Anderson Gutiérrez, según el Instituto Guatemalteco de Migración.
Lo llevaron al albergue Ramiro de León Carpio en Ciudad de Guatemala para que comenzara una cuarentena junto a 226 compatriotas deportados como él. Eran vistos como una amenaza a la salud pública.
Lo que no esperaba Anderson es que iba a pasar casi dos semanas en ese albergue. A medida que transcurrían los días, comenzó a temer ser contagiado de coronavirus y, teniendo en cuenta sus antecedentes de salud mental, los responsables del albergue lo alojaron en una habitación para él solo.
Solo respiró tranquilo el décimo día, cuando los tests le confirmaron que no había contraído el coronavirus. El 27 de abril recogió sus cosas en el albergue y salió al mundo exterior. Habían pasado 439 días después de que cruzara la frontera a Estados Unidos y fuera detenido por agentes federales.
Lo primero que quiso hacer fue sentir el aire en su cara. Tomó una mototaxi y buscó un hotel y algo para cenar. Era su primera noche en libertad. “Quiero cenar pollo granjero y dormir en un hotel con televisión”, decía ilusionado al otro lado del teléfono.
Pero el mundo había cambiado mucho durante la pandemia mundial.
Encontró los restaurantes y los centros comerciales cerrados, le costó cambiar el dinero que llevaba, y el Gobierno había impuesto un toque de queda que le impedía viajar a su pueblo en ese mismo momento, como hubiera querido.
“El mundo está en caos, el mundo está de cabeza”, repetía incrédulo.
Pudo viajar sin problemas al día siguiente y llegar a su casa.
Durante su encierro, Gutiérrez estaba convencido de que, cuando fuera libre, dejaría atrás la ansiedad que le produjeron los 296 días que pasó en aislamiento. La realidad que se encontró al llegar a su casa es que tuvo que pedir ayuda a su familia para que alguien le hiciera compañía porque no soportaba la idea de volver a estar solo.
Un mes después y lejos de su celda de Louisiana, la ansiedad sigue sin dejarle dormir. "Trato de dormir, de descansar y de no pensar en la soledad. Me he inyectado unas vitaminas para los nervios. Por lo mismo el insomnio, los nervios los tengo malos. Quedé mal de los nervios de tanto encierro".
Si conoce otros casos de inmigrantes detenidos, puede compartir su historia con los autores de la investigación a través del email ntinvestiga@nbcuni.com
Este reportaje fue editado por Elena González.