(AP Photo/Salvador Melendez)
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Washington, DC — El jueves 6 de febrero, el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, invocó una cláusula recóndita en la constitución salvadoreña para convocar a la Asamblea Nacional a una sesión extraordinaria el domingo 9 de febrero. El presidente esperaba aprobar un acuerdo polémico de un préstamo internacional que proporcionaría 109 millones de dólares para la compra de equipos de seguridad y otras medidas para la implementación de la tercera fase de su plan de seguridad. La Asamblea estaba retrasando la aprobación del préstamo motivada en parte por las disputas políticas con el presidente y también por preocupaciones legítimas sobre aspectos clave del préstamo. En una preocupante medida diseñada para forzar un voto favorable en la Asamblea Nacional, el presidente Bukele, citando el artículo 167 de la constitución, el cual permite al Consejo de Ministros del presidente convocar a la Asamblea en caso de emergencia nacional, exigió que la Asamblea se reuniera para aprobar el préstamo.
La autoridad del presidente de hacer esta demanda a la Asamblea es cuestionable y ya se ha presentado una impugnación legal ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Además, existen dudas acerca de si una disputa sobre la aprobación de un préstamo se eleva al nivel de una emergencia nacional. Sin embargo, las acciones del Presidente Bukele durante el fin de semana amenazaron directamente la independencia de la Asamblea Nacional y la separación de poderes en el país. La decisión de Bukele de involucrar al ejército y a la policía en una disputa política civil elevó aún más las tensiones. Tanto el ejército como el liderazgo de la policía emitieron declaraciones apoyando al presidente. A su vez, salieron a la luz informes de diputados de la Asamblea a los que se les retiró la seguridad policial. El domingo, tropas rodearon el complejo gubernamental que incluye la Asamblea y también el lugar donde funcionarios y diputados del partido FMLN estaban reunidos para discutir sobre las tácticas agresivas del presidente Bukele. Por último, en un intento claro de coerción, militares y policías armados entraron ayer a la Asamblea mientras el Presidente Bukele se preparaba para dirigirse a los diputados que se habían presentado a la sesión.
La comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos, debe condenar fuertemente la participación de los militares en una disputa política. También deben instar al Presidente Bukele que reconozca la independencia de la Asamblea Nacional y hacer énfasis en la necesidad de utilizar el diálogo, en lugar de la coerción o las amenazas, para abordar desacuerdos políticos. En un país que acaba de celebrar el 27º aniversario de un Acuerdo de Paz histórico que puso fin a una guerra civil de doce años, sacó finalmente a los militares de la política y abrió un camino para la resolución democrática de las diferencias políticas, es ahora más crucial que El Salvador reafirme esos principios, en vez de alejarse de ellos.
